La LOE (La Ley Orgánica 2/2006) de Educación regula las enseñanzas educativas en diferentes tramos de edades, vigente desde el curso académico 2006/07.
El texto de esta Ley prevé la existencia de centros de educación públicos, centros de educación privados y centros de educación privados-concertados. Los centros de educación privados concertados son centros creados por iniciativa de la sociedad civil pero sostenidos con fondos públicos.
La financiación de la libertad de enseñanza con fondos públicos puede ser realizada de diversas maneras: La ayuda directa a las familias a través del denominado Cheque Escolar, el pago del salario de los profesores de los centros educativos no estatales, entre otros. El modelo recogido por la LOE mediante los conciertos educativos es este último: financiar el sueldo de los docentes.
Las dimensiones de esta ayuda es diversa dependiendo de la tradición y cultura jurídica de cada país. En este contexto, el caso de España -según el último informe de la OCDE- sitúa este país en el grupo de países europeos con una menor inversión en la escuela no-estatal, ya que se dedica el 84,6% del presupuesto público a la educación en la escuela estatal, y el 15,4% restante a ayudas a las escuelas concertadas.
Como toda ley que se precie tiene detractores y seguidores, aunque estos primeros son cada ver más, por no decir la mayoría.
Los aspectos más polémicos que trae esta ley son principalmente los que tienen que ver con impartir las clases de religión o es su defecto de una asignatura que en su creación se denominaba Educación para la ciudadanía.
También hay polémica sobre el número de horas que se dedican a materias tan importantes como Matemáticas o Lengua, pero en menor medida, al igual que en los quizá excesivos días de vacaciones que el alumnado español tiene con respecto a sus iguales en el resto de Europa.
Es por todo esto por lo que España actualmente se sitúa en el puesto 26 en desarrollo educativo, por debajo de casi todos los países de la Unión Europea, según el informe "Educación para todos" elaborado por la Unesco.
Esta ley es también injusta con los docentes que, como es natural, se sienten impotentes por carecer de recursos y apoyos de todo tipo ,y las bajas por enfermedad, excedencia o en comisión de servicios a la administración y sindicatos son cada vez más frecuentes, por no hablar del abandono de la profesión en numerosos casos.
El año que viene (2013) parece avecinarse aún más problemático con la nueva reforma que el actual gobierno del Partido Popular, con el Ministro de Educación Wert, pretende presentar en el congreso para su aprobación y puesta en marcha el próximo curso.
Veremos si esta es la definitiva o es una más de las que pueden venir.
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